El Gobierno de Castilla y León no puede permitir por ley cazar una determinada cantidad de lobos en su territorio porque el estado de conservación de esta especie es "desfavorable", según la evaluación que cada cinco años hace el Gobierno central. Asó lo ha determinado el Tribunal de Justicia de la UE (TUE) en respuesta a la cuestión prejudicial que le planteó el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, ante el recurso de la Asociación para la Conservación y el Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) en contra de una norma autonómica de 2019, que permitió cazar un total de 339 lobos en el territorio que quedara al norte del Duero entre 2019 y 2022.
En una sentencia notificada este lunes, el TUE considera que el lobo no puede ser declarado como especie cazable en el ámbito regional cuando su estado de conservación a nivel nacional es desfavorable. Es decir, que prevalece la valoración sobre el estado de conservación del lobo y su grado de protección que hace el Ministerio de Transición Ecológica sobre la norma que pueda dictar un gobierno autonómico.
Además, el tribunal europeo añade que el lobo tampoco puede ser declarado una especie cazable cuando no disfruta de una protección rigurosa en la región de la que se trata porque la Directiva de Hábitats de la que parte la protección del lobo y otras especies en la UE tiene como objetivo adoptar medidas para que su estado de conservación sea favorable.
Aunque a en contra de su norma, la Junta de Castilla y León ha "acatado y compartido" el fallo del TUE este lunes, asegurando que su ley nunca buscó cazar lobos "si no estaba en estado de conservación fuera "desfavorable", ha afirmado su consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones.
"No solo acatamos, si no que compartimos plenamente", ha aseverado en declaraciones recogidas por Europa Press. "Lo compartimos porque en Castilla y León nunca se ha cazado el lobo cuando se podía cazar si no estaba en estado de conservación favorable".
Matar 339 lobos en tres años
La respuesta del TUE a esta cuestión prejudicial no supone resolver al litigio sobre el recurso de ASCEL en contra de la norma regional de 2019 porque es el Tribunal Superior el que tiene que fallarlo, eso sí teniendo en cuenta su interpretación de la Directiva Hábitats. Asimismo, la opinión de la Corte Europea es válida para litigios similares que puedan darse en otros tribunales, nacionales y particularmente autonómicos en las llamadas 'comunidades loberas', donde gobiernos y ganaderos impulsan poder cazar y matar lobos para proteger esta actividad frente a la prohibición dictada -la última en 2021- por el departamento de Teresa Ribera, apoyada por los grupos ecologistas.
En este caso particular, ASCEL presentó su recurso contra el Plan de aprovechamientos comarcales del lobo en los terrenos cinegéticos situados al norte del Duero en Castilla y León, aprobado en 2019, que declaraba al lobo especie cazable en esos territorios y que para las tres temporadas que empezaban ese año -2019-2020, 2020-2021 y 2021-2022- daba permiso para cazar 339 ejemplares.
El Tribunal autonómico dudó de si esta norma era compatible con a Directiva Hábitat y planteó esta cuestión prejudicial que ahora el TUE ha respondido determinando que "la ley regional es contraria a la Directiva", porque contraviene a la calificación de "desfavorable" que en el año de su aprobación tenía el estado de conservación del lobo que elabora el Ministerio. Así constaba en el informe sobre los años 2013-2018 que el Gobierno central envió a Bruselas en 2019, que indicaba que el estado de conservación de esta especie era "desfavorable-inadecuado" en las tres regiones, Mediterránea, Atlántica y Alpina. En su sentencia, el TUE afirma que Castilla y León "no tuvo en cuenta" este informe sobre la conservación de la especie antes de aprobar su plan que permitía matar más de 100 lobos al año.
"En efecto, el lobo no puede ser declarado como especie cazable en una parte del territorio de un Estado miembro cuando su estado de conservación a nivel nacional es desfavorable", dice ahora el TUE, que añade que "el hecho de que sea objeto de medidas de gestión no implica que su estado de conservación sea favorable". Esto ocurre en España, donde más recientemente, en 2021 el Ministerio incluyó en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (Lespre) también al lobo al norte del río Duero -al sur del río se considera prácticamente extinguido. con lo que hacia extensible a todo el país la prohibición de cazarlo o matarlo, en una decisión que desde el principio contó con la firme oposición de las 'comunidades loberas', desde las populares Galicia, Castilla y León o Cantabria, hasta la socialista de Asturias o el País Vasco y Navarra. No obstante, el Ministerio sí permite hacer controles de ejemplares y manadas y, en casos muy tasados, darles muerte previa autorización, así como contraprestaciones económicas para los ganaderos perjudicados.
Se trata de medidas de conservación que el TUE apunta que se ponen en pie para "mantener o restablecer la especie" y que, "cuando incluyen normas relativas a la caza, están destinadas a restringirla y no a ampliarla". "Si es necesario, la caza [del lobo] puede incluso prohibirse", dice la corte europea, incluso cuando el estado de conservación de una determinada especie sea "favorable", que no es el caso de España.
Otra ley inconstitucional y debate en Bruselas
La respuesta del TUE a la cuestión prejudicial que el Tribunal Superior de Castilla y León deberá tener en cuenta en su sentencia sobre el recurso contra la ley autonómica no es el primer revés judicial para el gobierno de Alfonso Fernández Mañueco a leyes relativas a la caza del lobo, al mismo tiempo que en los últimos años la situación del lobo, el daño que provoca en la ganadería y la posibilidad de rebajar su estatus de protección se coló en la agenda de la Comisión Europea, ya sea por la denuncia de otros países afectados o por el hecho de que el pony de su presidenta, Ursula von der Leyen, murió por un ataque de un lobo.
En 2021, las Cortes de Castilla y León aprobaron otra norma de caza y gestión sostenible de los recursos cinegéticos que, de nuevo, permitía cazar estos animales. Fue recurrida por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional por asumir sus competencias en materia de protección ambiental y en julio de 2022 declaró inconstitucional los artículos que permitían su caza cuando se tuviera la autorización administrativa correspondiente, precisamente porque colisionaba con la Orden Ministerial de septiembre de 2021 que incluía en el LESPRE también a los lobos al norte del Duero y prohibía su caza o darles muerte.
A nivel comunitario, el final de la legislatura del Parlamento Europeo y del mandato de la Comisión dejaron en el aire el aire de momento la propuesta que en diciembre del año pasado Von der Leyen planteó a los gobiernos, para rebajar la protección del lobo desde el más extremo, "estrictamente protegido", a otro más leve, "protegido". Lo hizo tras constatar de su última consulta que la población de esta especie ha crecido en 23 de los 27 países de la UE, provocando "significativos desafíos" en áreas rurales y actividades como el pastoreo.
En su informe tras la consulta, afirmó que hay unos 20.000 lobos en la UE, de los que más de 2.100 están en España. A ojos de Bruselas, la especie va en aumento y los lobos matan cada año alrededor de 65.500 cabezas de ganado en la UE. Los países más afectados son España, Francia e Italia, con entre 10.000 y 14.000 muertes anuales de animales.
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